La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad es solo la punta del iceberg de una reforma que busca responsabilizar desde un enfoque especializado a los adolescentes que cometan delitos. Así lo advirtió Federico Moeykens, Juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital y docente de la Cátedra de Ejecución de Sentencia y Régimen Penal Juvenil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. Este fue el diálogo con LA GACETA:
-El Proyecto de Nuevo Régimen Penal Juvenil que se tratará en sesiones extraordinarias propone cambios de fondo en el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley. Como juez del fuero, ¿por qué considera necesaria esta reforma?
Es fundamental comprender que hoy aplicamos una normativa que data de 1980. Se trata de un régimen que ha quedado desfasado respecto a la Convención de los Derechos del Niño y al Código Civil y Comercial de la Nación, que ya reconoce la capacidad progresiva a partir de los 13 años. El objetivo de la propuesta legislativa es establecer un marco de responsabilidad legal claro, donde el joven rinda cuentas de sus actos sin perder de vista que estamos ante un sujeto en pleno desarrollo psico-neurobiológico. Se trata de actualizar nuestras herramientas jurídicas a los estándares constitucionales y convencionales vigentes.
-Se propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. ¿Qué opina?
-Entiendo que la modificación de la edad es el punto que suele captar los titulares y la atención de la sociedad, pero técnicamente es solo la punta del iceberg de la reforma que se pretende. Si bien la mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad, lo sustancial no es solo a quiénes incluimos, sino qué hacemos con ellos una vez que tienen contacto con el sistema penal. El objeto de la reforma es consolidar un sistema especializado que priorice la educación, la resocialización y la integración social del adolescente. Busca que el joven comprenda la ilegalidad de su conducta y asuma las consecuencias bajo un acompañamiento técnico, alejándonos de una visión de mero castigo ciego para enfocarnos en una respuesta penal que sea proporcional, idónea y, sobre todo, transformadora.
-Mucho se debate sobre la edad, pero usted menciona que hay factores biológicos que el sistema no puede ignorar. ¿Cómo se explica esto técnicamente?
Respecto a este punto, la neurociencia y la psicología evolutiva nos han dado herramientas muy claras que no podemos ignorar, pero hay que ser muy precisos en su lectura: no estamos hablando de buscarle una excusa al adolescente que delinque, sino de entender cómo funciona su cabeza para que la sanción realmente sirva. A los 13 o 14 años, un chico puede saber lo que está bien y lo que está mal; tiene la capacidad lógica para entender que matar o robar es un delito. Por eso, podría ser responsable ante la ley. Sin embargo, lo que la técnica nos dice es que, aunque comprenden el hecho, todavía no tienen el freno de mano emocional totalmente desarrollado para controlar impulsos o plantarse frente a la presión de su entorno. En septiembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el fallo C.E.D., dejó esto en claro al decir que la respuesta del sistema no puede ser un calco de la que se le da a un adulto, pero eso no significa que el delito grave no tenga consecuencias. Al contrario, reconocer que el adolescente está en pleno desarrollo nos obliga a ser mucho más quirúrgicos con la sanción. No se trata de disculparlo por su inmadurez, sino de intervenir con firmeza sobre ella para que el joven se haga cargo de lo que hizo y no vuelva a repetir la conducta. Al final del día, lo que buscamos es una sistema de Justicia Juvenil que no sólo castigue el pasado, sino que sea capaz de corregir el futuro del adolescente para que no se convierta en un delincuente crónico.
-¿La propuesta legislativa tiene herramientas concretas para que la justicia sea más efectiva en la práctica diaria?
Frente a la ley que hasta hoy nos rige, desde luego que sí. Se intentan introducir pilares técnicos que exigen un compromiso de especialización por parte de todos los poderes del Estado. Requiere jueces, fiscales y defensores especializados en derecho penal juvenil y en el trato con jóvenes. Además, contempla la creación de la figura del supervisor especializado, un profesional que realiza un seguimiento semanal y mensual de la evolución del adolescente, abordando problemas personales, familiares o de salud mental. También se incorporan mecanismos de justicia restaurativa, como la mediación penal juvenil y otras salidas alternativas, que permiten que el joven que por primera vez cometió un delito leve, pueda reparar el daño a la víctima de forma directa. Esto se complementa con una amplia gama de medidas que van desde la formación laboral hasta programas educativos, siempre garantizando que el adolescente nunca sea alojado con adultos y que su escolaridad no se vea interrumpida.
-¿Cómo impacta este nuevo régimen en la situación de la víctima y en la tramitación de los procesos?
-En Tucumán ya se dio un paso enorme con el nuevo Código Procesal Penal, y la ley que pretende tratarse vendría a sellar ese compromiso. La víctima deja de ser un convidado de piedra; tiene derecho a ser escuchada y protegida. Además, el proyecto es severo con los magistrados: la dilación injustificada se considera falta grave. Es necesario que desde el sistema de Justicia Juvenil también se dé respuestas a las víctimas y se intervenga rápidamente con los jóvenes implicados.
-¿De qué va a depender que todos estos cambios sean beneficiosos?
-Estamos ante la oportunidad de sustituir un régimen de facto por una ley que sea técnicamente sólida y coherente con la Convención de los Derechos del Niño. El éxito de un nuevo Régimen Penal Juvenil dependerá de que el sistema cuente con todos los recursos humanos y materiales para cumplir con su finalidad de lograr la resocialización y la responsabilidad legal del adolescente. No se trata de una respuesta automática de encierro, sino de una intervención estatal especializada que actúe con celeridad. La importancia de esta reforma radica en llegar a tiempo para disuadir una temprana carrera delictiva, trabajando con determinación para convertir a estos jóvenes en ciudadanos responsables de sus actos, afianzando la vigencia de los derechos y la paz social.